Señor Director:
A propósito de la actual emergencia sanitaria internacional relacionada con la COVID-19, nos gustaría referirnos a la violencia administrativa como forma de violencia- poco conocida- en su relación con la corrupción presente en estos tiempos.
El día 30 de enero de 2020, la OMS declara Emergencia de Salud Pública de importancia internacional con el reporte de 7818 casos confirmados de COVID-19 en China y otros 82 casos en 18 países, cifra que asciende, el día 3 de noviembre de 2020, a 47 millones 93 mil 287 casos confirmados y 1 millón 207 mil 290 fallecidos para una letalidad de 2,56.(1)
La región de las Américas, por su parte, reporta 20 millones 935 mil 040 casos confirmados, el 44,45 % del total de casos reportados en el mundo, con 646 mil 038 fallecidos para una letalidad de 3,09 %. Cuba acumula hasta el mes de noviembre 874 mil 702 muestras realizadas y 7 mil 144 positivas, registrando 130 fallecidos y 6 542 pacientes recuperados (90,5 %).(1)
Esta situación ha traído consigo la paralización de la economía a nivel mundial, debido al confinamiento de las personas, al cierre de las operaciones portuarias, aeroportuarias y a la paralización de un gran número de actividades industriales en al menos 185 países afectados por esta enfermedad, lo cual contribuye de manera negativa al recrudecimiento de la crisis económica existente a nivel internacional.
Cuba no está ajena a esta situación, sobre todo cuando a esta problemática se suma el bloqueo económico, financiero y comercial al que estamos sometidos por el gobierno de los Estados Unidos; se ha incrementado las escases, sobre todo de alimentos y productos de primera necesidad, contexto que ha sido aprovechado por elementos inescrupulosos para cometer actos y hechos que van en contra de las normas legales y éticas, y que constituyen agravantes de su responsabilidad por encontrarse el país en estas condiciones.
Numerosos trabajos se refieren a la violencia en la administración pública en su relación con la corrupción. La investigadora argentina Diana Scialpi, argumenta la existencia de un tipo de violencia en la gestión de personal de la Administración Pública, que ha recibido el nombre de bournot, que se aplica a los actos de violencia contra escolares, empleados, que reciben malos tratos, generalmente de tipo psicológico, que pueden llevar a la víctima hasta el suicidio, con un impacto sobre la salud física y psíquica de los agentes públicos.(2)
Por otra parte, el Dr Kindhäuser, prestigioso catedrático de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, de Bonn en Alemania, en su trabajo titulado “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código Penal Alemán”, sostiene la tesis de que la corrupción es una forma de agresión que puede vulnerar diversos intereses penalmente protegidos. Luego este autor concibe la corrupción como una forma de agresión, y aunque no la vincula a una forma determinada de violencia, el hecho de catalogarla de agresión, da la posibilidad de relacionar ambos fenómenos.(3)
Otros artículos revisados reflexionan sobre las formas de la corrupción, sus manifestaciones en la administración pública y otros negocios, enfatizando en las posibles causas que llevan a los individuos a actuar de manera corrupta y a las sociedades a tolerar, incluso, a fomentar estas prácticas, exaltando además, los fallos en los sistemas de control administrativo que pudieran ser preventivos de estas conductas.(4,5)
En el ámbito de autores cubanos, los juristas Sánchez Figueredo y Reyes Blanco, ambos especialistas en Derecho Penal, profundizan en las insuficiencias legislativas existentes, que afectan el enfrentamiento a la corrupción administrativa, aportando valiosos elementos para el análisis de las normativas existentes en Cuba para la sanción a los delitos que se derivan de la corrupción administrativa.(6)
En tanto Martínez Díaz, en su tesis doctoral “El enfrentamiento operativo a la corrupción administrativa en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios en Villa Clara”, sostiene que los fundamentos teóricos esenciales que hacen factible el estudio de la corrupción administrativa en Cuba están en comprender a la corrupción como un fenómeno social, multicausal y básicamente moral; la posibilidad de existencia de la misma, en cualquier sistema político; que los sujetos comisores de estos hechos no solo son los llamados de cuello blanco, sino todos aquellos que por razón del cargo que ocupan o por determinadas funciones que desempeñan, obtienen beneficios personales; para Martínez Díaz los hechos o manifestaciones asociados a la corrupción no siempre pueden ser sancionados penalmente, sino que se les puede imponer otra medida de carácter administrativo.(7)
Como se puede apreciar, la violencia administrativa y la corrupción son hechos de la conducta humana que se manifiestan en las relaciones económicas y socio clasistas con un reflejo en la política, la moral y la ideología, por lo que clasifica como un problema complejo que requiere para su análisis de un enfoque transdisciplinar, donde se combinan algunas como el derecho, la psicología, la economía, la sociología y la filosofía.
Sin duda alguna, estamos frente a un fenómeno altamente nocivo, ajeno a los principios y normas que deben regir en la sociedad cubana y cuya inobservancia conduce a la pérdida de valores éticos, políticos, ideológicos y de convivencia ciudadana y en tal sentido, además de las medidas de carácter represivo que se adoptan, resulta aún más importante la actividad de prevención que se realice, pero para ello es necesario desentrañar los medios que utiliza la corrupción para su realización, uno de ellos es el uso de la violencia administrativa.
En este contexto se define la violencia administrativa como “…un tipo de fuerza que no se percibe con facilidad por ser una manifestación de violencia simbólica que se ejerce sobre el patrimonio social y las personas sobre la base del uso deshonesto de las prerrogativas, facultades y mando que tienen los cuadros de dirección y funcionarios del estado, en detrimento del cumplimiento de las normas legales vigentes y que tienen como fin y objetivo apropiarse de los recursos, bienes u otras propiedades del estado, para sí o para otros, las que han sido puesta bajo su custodia para el cumplimiento de una determinada necesidad social.(8)
Países como Honduras, Argentina y Bolivia han detectado actos de corrupción administrativa, relacionadas con anomalías en compras realizadas por las instituciones públicas, donde se han adquirido productos médicos y alimenticios a un precio mayor al del mercado, lo que ha sido detectado gracias a la fiscalización de la población y de los actores sociales.(9)
Cuba no ha estado exenta de este problema, y en el actual contexto de la pandemia de COVID-19, numerosos son los hechos denunciados por los medios de prensa. Uno de esos caso ocurrió en la provincia de Sancti Spíritus donde el desvío de carne en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Sacrificio de Cerdos, de la Empresa Cárnica, abarca a más de 30 ciudadanos, incluidos directivos de la entidad.(10)
Así mismo, en Cienfuegos, directivos del centro de aislamiento para sospechosos de la COVID-19 (Perla Azúcar), se apropiaron de grandes cantidades de pollo, carne de cerdo y otros alimentos destinados a la alimentación de las personas sospechosas de la enfermedad.(11)
En este orden se aprecia como estos ciudadanos, aprovechándose de sus cargos y facultades para el cumplimiento de sus funciones, dilapidan y obtienen jugosas ganancias con los recursos del Estado, evidenciando conductas deshonestas, faltas de ética y carentes de valores, muy distantes a lo enfatizado en los más de 60 años de revolución, afirmando a la corrupción en su relación con la violencia administrativa, que en ocasiones no es percibida por parte de nuestra sociedad, donde algunos justifican estas posiciones como formas y maneras de resolver las carencias que tenemos y no se enfocan hacia la importancia que merecen estos hechos.
La violencia administrativa no es causa de la corrupción, constituye un medio para la realización de actos corruptos que se manifiestan en esa doble concepción de vulnerar las regulaciones legales establecidas, además de la moral, la ética y todos los valores que se han formado y debe tener un funcionario que represente los intereses del Estado. El corrupto por ende es violento hacia todas las normas legales y morales que se establecen en la sociedad y rompe con los compromisos contraídos.(8)
En tal sentido, para la mayor de las Antillas, resulta inaceptable la ocurrencia de hechos como estos, cuando no se escatima en la atención médica gratuita a cada ciudadano, ante la pandemia de COVID-19, sin importar las privaciones económicas que concurren en la isla, en medio de la crisis mundial, que se agrava en nuestra tierra por la política restrictiva de Estados Unidos.
De ahí que en el camino del perfeccionamiento de la sociedad cubana se ha declarado una guerra sin cuartel a las desigualdades e injusticias, despilfarro, descontroles, robos y fenómenos de corrupción y violencia, no solo por los devastadores efectos que tiene sobre la economía sino por las implicaciones que tiene en lo político e ideológico.(12)
En esta guerra a que convocó el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en su memorable discurso del 17 de noviembre del 2005, en el Aula Magna de la Universidad de la Habana, identifica dos escenarios de lucha: el primero la batalla de tipo económico, mientras que el segundo lo constituye la de tipo moral. Ambas tienen como objetivos comunes generalizar los valores del hombre nuevo forjado por la Revolución y asegurar el destino socialista de la patria.(13)
La crisis sanitaria ha generado la movilización de bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, por lo que se impone la toma de acciones de prevención y control que permitan conocer las causas y condiciones que favorecen la violencia administrativa y la corrupción en nuestro país, para minimizar su magnitud e implicaciones, labor a la que nos ha convocado el presidente de la Republica Miguel Díaz- Canel Bermúdez, citado por Ojito, quién ha subrayado: “…que las necesidades insatisfechas no son excusas para delinquir y corromperse apropiándose de lo ajeno, enfatizando que se hace necesario la denuncia de la ciudadanía cuando el descontrol administrativo en alguna entidad, le haya servido la mesa a corruptos y delincuentes”.(10)
